El Litoral Andaluz, el debate entre su protección y explotación económica se reaviva gracias al TSJA

Sería el año 2015, cuando se aprobaría definitivamente por el Consejo de Gobierno el Plan de Protección del Corredor del Litoral, asentado en el Decreto 141/2015, del 26 de mayo, siendo a su vez publicado en el BOJA el 20 de julio del mismo año. Aunque es de destacar que se trataba de una propuesta de años anteriores.

Pues bien, en ese entonces (2015), la Protección de 500 metros de la franja del Litoral Andaluz, había dejado a la deriva algunos proyectos que buscaban su explotación económica, comercial y turística. Ejemplos de los mismos, serian la segunda fase de Costa Esuri en Ayamonte (Huelva)

Un ejemplo de esta situación desbloqueada ahora de facto es la segunda fase de Costa Esuri, en Ayamonte (Huelva), la misma que en su momento trajo gran revuelo entre ambientalistas, por lo agresivo de su urbanización en zonas de gran valor ecológico, que incluía casas, chalets, hoteles e incluso campos de golf. O también el proyecto del Paraje El Garranchal, en la Ribera de Cartaya

Ambos proyectos, suspendidos cuando el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto orientado a la protección del litoral de Andalucía, podrían nuevamente tomar auge, esto a raíz de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha procedido a estimar un recurso presentado por la Junta de Compensación del Sector SL-1 “Valdevaqueros”, del Plan General de Tarifa (Cádiz), en contra del Consejo de Gobierno, alegando falta de competencias para ello.

En efecto, el argumento esgrimido por la Junta de Compensación de Valdevaqueros, fue la incompetencia del Gobierno en funciones al momento de dictar el plan de protección que se impugnaba. Esto bajo la perspectiva de que no se trato de una actuación de tipo ordinaria sino de una con una carga política, que a su vez restringió las funciones del posterior Gobierno.

Otras causales para la impugnación fueron, la ausencia de indemnizaciones, escasos estudios analizados en relación al impacto ambiental y acciones arbitrarias en la adjudicación de dicha protección.

Sin embargo, ante esta decisión, queda la interrogante en el aire ¿ahora se habrá tenido en cuentas los estudios de impacto ambiental en dicha medida judicial? ¿Cuáles serán las acciones a seguir por las organizaciones ecologistas? Y más aún, los vecinos de Andalucía, ¿Qué opinan al respecto?